Detalles de la reforma del desempleo: el contributivo será compatible con el salario tras un año en paro y durante 180 días

Si se aprueba el último texto propuesto por el Ministerio de Trabajo, algo más de 427.700 personas podrán cobrar parte de la prestación contributiva a la vez que el salario de un empleo a tiempo completo

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Una mujer delante de una oficina de empleo. (Europa Press)
Una mujer delante de una oficina de empleo. (Europa Press)

El Gobierno ultima una reforma de las prestaciones por desempleo con novedades respecto al texto derogado del Real Decreto-Ley 7/2023 y una de ellas es ampliar la compatibilidad de las prestaciones con un empleo a tiempo completo a los parados del nivel contributivo. No obstante, existen una serie de condicionantes temporales para percibir ambos ingresos a la vez y el cobro de un salario producirá una merma en la prestación. El texto anterior establecía un complemento de apoyo al empleo que limitaba esta posibilidad a los perceptores de los subsidios, 753.992 personas en marzo de 2024 que no han cotizado lo suficiente para tener derecho al paro contributivo o que lo han agotado.

Según fuentes de la negociación, el Gobierno ha propuesto extender el esquema del subsidio, pero no de manera exacta, de manera que solo la mitad (algo más de 427.700 personas) de quienes cobran la prestación contributiva por desempleo (807.010) podrán compatibilizarla con el salario de un empleo a tiempo completo, ya que actualmente se permite con uno a tiempo parcial.

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En concreto, el Ejecutivo ha planteado este lunes a patronal y sindicatos que haya que esperar hasta el mes número 13 de cobro de la prestación contributiva, es decir, que los parados deberán serlo desde hace más de un año para acceder a esta fórmula. Una vez accedan, solo podrán compatibilizar salario y prestación durante 180 días (seis meses), al igual que sucedería con los beneficiarios del subsidio, aunque sí pueden compatibilizar desde el inicio de la prestación. Esta precaución tiene sentido para evitar usos indeseados de la medida y porque es a partir de un año cuando se considera que los parados pasan a ser de larga duración y comienzan a aparecer problemas más graves de inserción.

Los detalles solo se han hablado verbalmente durante la reunión en el Ministerio de Trabajo, por lo que habrá que esperar a la articulación concreta del texto para conocer todos los condicionantes. Lo que sí ha adelantado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, es que la compatibilidad será “muy similar” a la diseñada en el complemento de apoyo al empleo del real decreto-ley. En este se establecía una reducción del porcentaje de la prestación a cobrar según la duración del empleo y el tipo de jornada, variando entre el cobro de un 5% del IPREM (30 euros) al 80% del IPREM (480 euros).

El objetivo de la nueva compatibilidad es “evitar que el paro se enquiste” fijando “estímulos” para que los parados se incorporen al mercado laboral. “Tenemos un problema de edadismo, muy especialmente con los mayores de 52 años, que son los que conforman mayoritariamente el paro de larga duración”, ha afirmado Pérez Rey.

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Los sindicatos piden controlar los complementos

UGT y CCOO han señalado que el complemento de apoyo al empleo en las prestaciones contributivas era una “propuesta genérica” hasta hacía unas horas que el Gobierno ha concretado más en la reunión del lunes. Y, aunque la consideran positiva para incentivar la salida del desempleo, piden que se efectúe con controles.

“Requiere evaluación” y “mecanismos de seguimiento y control por parte del Ministerio de Trabajo”, ha señalado Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CCOO. Según Bravo, la cartera de Yolanda Díaz se ha comprometido a hacer una evaluación periódica de los complementos a través de un convenio con el SEPE y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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Por otra parte, el Gobierno no ha decidido aún la fórmula legislativa para aprobar la reforma del desempleo, aunque Pérez Rey ha admitido que se pueden “explorar otras vías” distintas a las del anteproyecto de ley que tenían previsto hasta el momento si finalmente obtienen el acuerdo de parte de los agentes sociales. Es decir, abre la puerta a que se pueda volver a aprobar mediante un real decreto-ley antes de que finalice el 20 de mayo el plazo de evaluación de la Comisión del cuarto pago de los fondos del Plan de Recuperación.

Aunque la reforma se aprobara por decreto, previsiblemente tardaría meses en entrar en vigor porque el SEPE necesita un margen para efectuar todos los cambios en las prestaciones. Del mismo modo, no todos los parados se beneficiarán de las modificaciones, ya que algunas se comenzarán a aplicar desde la fecha en la que entren en vigor.